En el día de hoy han comparecido de forma conjunta, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela para hacer una valoración del sinuoso camino recorrido hasta hoy por el Reglamento de Participación Ciudadana.
Por parte del Grupo Municipal Socialista su concejala, Ana Mas, ha señalado que “este Reglamento, después de estar casi dos años durmiendo en un cajón el sueño de los justos, ahora resucita milagrosamente con una intención puramente propagandística que traiciona su objetivo inicial, a saber, dotar a Orihuela de un buen reglamento que garantice la participación real y efectiva de la ciudadanía. Esta historia –aunque, visto lo visto, podríamos calificarla más bien como un cuento- comienza en noviembre de 2008, momento en el que el concejal de participación ciudadana, Antonio Ortiz, traslada a los grupos de la oposición una propuesta de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y concierta una entrevista con sus representantes para conocer sus primeras impresiones. Tanto el PSOE como Los Verdes acogimos este reglamento con “entusiasmo”, porque, para todos los que creemos realmente en la participación ciudadana, que se pusiera encima de la mesa un documento de este tipo era, sin duda, una muy buena noticia. A partir de ahí, comienza el trabajo. Cada grupo habla con el concejal y el mensaje que le trasmitimos fue positivo: el punto de partida era bueno aunque, lógicamente, había aspectos en los que se podía mejorar y, respecto a la mayoría de ellos, el concejal se mostró receptivo. También le sugerimos que un reglamento de este tipo no debía gestarse de espaldas al tejido asociativo de la ciudad. De hecho, tanto desde LV como desde el PSOE tratamos de implicar a los colectivos ciudadanos desde el principio (los días 9 de diciembre de 2008 y 20 de enero de 2009 mantuvimos reuniones con ellas en las que se estudió detenidamente el reglamento y se fueron proponiendo enmiendas al mismo).”
Para Ana Mas, “se trata, por tanto, de un asunto que nos ha ocupado y preocupado, aunque me apresuro a indicar que todo el tiempo invertido nos ha parecido bien empleado, porque siempre hemos creído que ésta es la forma razonable de trabajar en política municipal: ofreciendo colaboración y buscando consenso en aras a la consecución de objetivos comunes –algo que por sistema se desestima en la mayoría de las concejalías. En honor a la verdad, hay que decir que el Sr. Ortiz atendió nuestra petición de implicar a las asociaciones y en febrero del 2009 se reunió con todas las que habían elaborado enmiendas y negoció, y en teoría aceptó, la mayoría de sus sugerencias. Hasta ahí la parte amable de la historia.”
Posteriormente, Mas expuso lo que a su juicio es algo “lamentablemente, e inexplicable: llevamos esperando casi dos años a que este reglamento que había logrado un importantísimo grado de consenso se lleve al pleno municipal para su aprobación. En ese tiempo, el Sr. Ortiz ni siquiera ha cumplido con la promesa que nos hizo de dotar económicamente, ya en los presupuestos del año 2009, la Dirección de la Oficina del Servicio de Atención Ciudadana que, según sus propias palabras, era la prueba de su intención inequívoca de llevar adelante este reglamento. Así las cosas, en febrero de 2010 el Grupo Municipal Socialista presentó una moción proponiendo la inmediata creación de la “Oficina de atención y defensa de la ciudadanía” que garantizase, al menos, el derecho a la participación ciudadana individual. Esa moción también fue rechazada por el grupo el PP con el argumento de que todavía no éramos Gran Ciudad (es curioso el modo en el que el equipo de gobierno usa el argumento de Gran Ciudad, porque, de hecho, en el pleno anterior se había esgrimido ese mismo argumento para justificar precisamente lo contrario: la necesidad de crear un nuevo puesto de Director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Orihuela). Hace un par de semanas se nos presentó un nuevo borrador de Reglamento que, como ya nos temíamos y así lo expresamos en su día, no respeta ni en el fondo ni en la forma lo previamente acordado.
En la forma porque, a pesar de las indicaciones expresas que se le hicieron al concejal por parte del grupo municipal socialista, pero también por parte de algunas asociaciones, este nuevo borrador sigue empleando un lenguaje claramente sexista. En ese sentido, hemos detectado y propuesto para su corrección al menos 63 términos o expresiones (después de dos años, ya podrían haberse tomado un poco más en serio esta revisión).
En cuanto al fondo, las novedades más destacadas y que traicionan completamente el espíritu del borrador inicial, son las siguientes:
1.-Supresión del Capítulo II del título cuarto relativo a los Consejos Territoriales de los Distritos. Esto significa renunciar a la principal y más importante conquista del reglamento, que no es era otra que la de acabar con la figura de los alcaldes pedáneos. Una rémora que obstruye las arterias de la auténtica democracia.
2.-Desestimación del 75% de las enmiendas presentadas en su día. Esto ha supuesto una sorpresa mayúscula porque, excepto en la disposición transitoria según la cual “el Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor del reglamento para adecuar sus estructuras administrativas” respecto a la que el concejal siempre se mostró inflexible frente a nuestras demandas de acortar el plazo a 6 o 12 mes, en cuanto al resto de propuestas siempre se ha mostrado conciliador y receptivo. Pero como tantas veces he denunciado en otros casos, una cosa son las palabras y otra los hechos y los hechos son que este reglamento establece unos niveles de exigencia para la participación ciudadana tan elevados que difícilmente pueden cumplirse.
Por ejemplo, para poder convocar una audiencia pública se exige un 2% de personas inscritas en el padrón municipal mayores de 18 años, en la práctica eso significa que se necesitan al menos 1000 personas; nuestra enmienda bastante menos restrictiva no se ha considerado (y como esa se han desestimado otras 22).
3.-Tampoco se contempla la propuesta que desde el Grupo Municipal Socialista se hizo para que en el título II se añadiera un Capítulo IX dedicado a plasmar la Política Municipal de fomento de las asociaciones en lugar de reducir ese aspecto a la segunda de las disposiciones adicionales y despachar el asunto en un párrafo. Y lo más grave es que en todo lo relativo a las Asociaciones, el reglamento ha quedado reducido a un reglamento intervencionista y de control de las asociaciones, en lugar de ser una herramienta de dinamización del tejido asociativo.”
En definitiva, ha concluido la concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana Mas, “nos sentimos defraudados y engañados y consideramos que el Sr. Ortiz haría bien en confesar las auténticas razones por las que pone precisamente ahora encima de la mesa un documento que ni en el fondo ni en la forma se asemeja a ese auténtico reglamento de participación ciudadana por el que hemos trabajado. De todas formas, desde el PSOE anunciamos que realizaremos un trabajo constructivo y, pese al paso atrás que significa este nuevo borrador, seguiremos presentando enmiendas para conseguir un Reglamento a la altura de Orihuela”
Por parte del Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela ha comparecido su concejal, Manuel Culiáñez, quien ha manifestado su sorpresa porque “este segundo borrador que nos presenta el PP se contradice a sí mismo y es más restrictivo que el primero, tanto en plazos para celebrar sesiones de los diferentes órganos que promueve, como en la elección de representantes,… Por otra parte, la desaparición de cualquier mención que se hacía a los Distritos en el borrador anterior, supone de hecho que el PP no quiere hacer desaparecer la estructura de pedáneos que les sustenta: ya en enero de 2009 cuando este Concejal dijo que el Reglamento suponía la desaparición de los pedáneos, auténticos comisarios políticos del PP, el Concejal de Pedanías, Sr. Antonio Rodríguez Murcia negaba la mayor y mentía a los oriolanos. Evidentemente, las presiones de quienes quieren controlar de forma caciquil las partidas rurales para intentar no perder votos en las próximas elecciones han impedido al Sr. Ortiz llevar a cabo un proyecto en el que estaba muy implicado. Porque, en realidad, si el PP no contara con el férreo control de las pedanías gracias a los pedáneos, el resultado de las elecciones en Orihuela sería tan elocuente como que el PP perdería la mayoría absoluta.”
Culiáñez ha destacado, además, que “el Reglamento de Participación Ciudadana que propone el PP no es sino un arma para controlar la vida asociativa y dar más poder a quien manda. Como prueba, podemos tomar una de las actuaciones que, supuestamente, dotarían a Orihuela de mayor participación ciudadana, como es la Audiencia Pública (Arts 15-20). Este recurso se define en el mismo Reglamento como “el acto de oír a los vecinos, previa concesión de audiencia, a quienes exponen reclaman o solicitan algo. La audiencia pública constituye un espacio de coparticipación para la exposición y debate en cuestiones especialmente significativas”, pudiéndose convocar para informar de Ordenanzas o Reglamentos Municipales o sobre cuestiones de “una estrategia general de política pública local.” Sin embargo, la interpretación que hace la Concejalía de Participación Ciudadana es restrictiva, incluso con respecto al propio borrador anterior, porque en su Punto 2 dice: “Se podrán convocar hasta un máximo de doce audiencias al año ante el Ayuntamiento,..”, cuando el anterior borrador afirmaba que “se podrá (sic) convocar cuantas audiencias sean necesarias…”; asimismo, en su Punto 3 se regula que “En un mismo año no podrá solicitarse más de una audiencia para tratar sobre el mismo asunto.” Hoy, cuando tenemos recientes las promesas de la Sra. Alcaldesa sobre la participación ciudadana en un tema capital para el desarrollo de Orihuela como es el PGOU, y cuando uno de los foros de debate, por su propia definición, podrían ser las Audiencias Públicas, observamos como la Reglamentación que nos presenta el PP no cumple, ni por asomo, con las promesas de Mónica Lorente. Desde Los Verdes nos preguntamos si, con las limitaciones mencionadas, sería posible un verdadero debate sobre asuntos como el PGOU o simplemente hablaríamos de un mero trámite para poder decir que se fomenta la participación de los oriolanos.”
En opinión de Culiáñez, otro aspecto importante es el dedicado a la Oficina del Servicio de Atención al Ciudadano, OSAC (Arts. 35-46), “cuya ordenación también debería incluir diversas mejoras al Reglamento presentado, sobre todo en lo que respecta a su Director. Es un cargo considerado jurídicamente como personal de confianza, y por las consideraciones que hace el Reglamento, mucho nos tememos que no sea sino un asesor encubierto. Por ejemplo, en la redacción que nos acaba de presentar el Sr. Ortiz, se añade en el art. 34 que el Director de la OSAC “Será elegido entre personas con competencia y experiencia demostrada en la gestión y dirección de las administraciones locales.” Aunque posteriormente se regule que un impedimento para el cargo es pertenecer a partidos políticos, podría darse el caso de proponer para el cargo a un ex-concejal del partido que gobierne y que éste presente su renuncia a la afiliación de ese partido. Así, y fácilmente, tendríamos un puesto de trabajo más pagado por todos a alguien afín al gobierno, actitud que por otra parte es muy común en el PP, como pone de manifiesto el listado de personal de confianza de Mónica Lorente.”
Culiáñez ha destacado que “curiosamente, cuando en el anterior borrador se establecía un compromiso para integrar a las personas no nacidas en España, cuando desde las asociaciones que trabajan con estas personas se había pedido una redacción más correcta de ese punto, ahora este nuevo borrador más restrictivo se olvida de un colectivo con especiales necesidades y cuya integración debería de ser un objetivo de cualquier partido gobernante. Tal vez, éste sea un Reglamento más cercano a las políticas casi ultraderechistas que el PP ha fomentado, por ejemplo, en las últimas elecciones catalanas. Tampoco es un Reglamento que incluya algo que para Los Verdes es primordial, como es la gestión de Presupuestos Participativos donde los ciudadanos puedan decidir en qué se gasta el dinero de sus impuestos.”
Finalmente, Culiáñez ha lamentado que “el PP tire por la borda el consenso que en muchos aspectos tenía el anterior borrador en cuanto a las modificaciones a realizar y apuesta por un Reglamento más restrictivo, que otorga una gran capacidad de control a quien gobierna sobre la actividad social y la participación ciudadana, convirtiéndola en un recurso más en manos de quienes no buscan el progreso de Orihuela sino ganar elecciones como sea, algo muy habitual en el PP. Pese a todo, Los Verdes vamos a seguir presentando propuestas a este texto, desde una postura de consenso que permita elaborar un Reglamento válido, útil y de verdadera participación para los oriolanos.”
